El decreto en cuestión fue dado a conocer el último viernes, horas después de que el Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN, filial de la FJA-CTA), se entrevistara con el ministro de Gobierno de la provincia para entregarle un proyecto de autolimitación para las designaciones de altos magistrados, con el propósito de poner fin “a la presencia de jueces adictos al poder político y económico”.

Elías Sapag, gobernador neuquino, dictó el decreto que abre a la opinión pública el análisis de los candidatos al Superior Tribunal de Justicia, que atraviesa una delicada situación, y cuando restan cubrir dos vacantes por jubilaciones.

Se trata de Jorge Sommariva y Roberto Fernández, ambos magistrados renunciaron para evitar el juicio político que avanza en la Legislatura contra ellos y contra Eduardo Badano, juez que por ahora no les siguió los pasos porque no está en condiciones legales de acogerse a la jubilación. La sala acusadora ya fue sorteada en la Legislatura y se propone, según el diario Río Negro, dar los primeros pasos para investigar a Badano.

El mismo matutino resaltó que el contenido del decreto de Sapag “es casi un calco del procedimiento con el que Kirchner renovó la Corte Suprema”, en el 2003

Cabe recordar que los primeros en solicitar juicio político contra los integrantes del STJ han sido el SEJUN y los docentes de ATEN, a los que se sumaron sectores políticos y sociales en medio de una campaña de recolección de firmas y movilizaciones que exigían poner fin a las complicidades y corrupciones en el Poder Judicial neuquino.

Los cinco vocales que hasta hace unos días integraban el Tribunal (de los que quedaron en funciones Ricardo Kohon, Felipe Cía y el mencionado Badano) fueron designados por el ex gobernador Jorge Sobisch, en un proceso signado por la presencia de una cámara oculta en la que el mandatario aparecía ofreciendo dinero a cambio de que la Legislatura nombrara a sus candidatos.

El citado decreto habla de “lograr mayores niveles de transparencia, participación y conciencia ciudadana, en el procedimiento de selecciones de los miembros del TSJ, fiscal y defensor del alto tribunal de Neuquén”.

En la autolimitación se precisa que “los ciudadanos en general, organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, se encuentran habilitados, durante el plazo de 10 días contados a partir de la última publicación en el Boletín Oficial (donde se dará a conocer el nombre de los miembros propuestos por el Ejecutivo) para presentar ante el ministerio de Justicia, Trabajo y Seguridad, por escrito, claramente fundado y debidamente documentado, las consideraciones y/o impugnaciones que estimen correspondientes a las nominaciones realizadas, y que pudieran contrariar o deberían ser tenidas en cuenta al momento de la selección de los nominados”.

Jorge Izquierdo, secretario general de la Federación Judicial Argentina, consideró que el decreto “es un éxito en la larga lucha de los trabajadores judiciales y de la CTA por la democratización del Poder Judicial, máxime en una provincia como Neuquén donde el sobischismo designó a un STJ de mentalidad conservadora, represiva y políticamente afín a sus postulados”.