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| Dolores
La casa en desorden |
San Martín
Una situación deplorable
Los trabajadores judiciales de San Martín inauguraron
los cascos amarillos sobre sus cabezas cuando denunciaron,
en el mes de febrero, el estado deplorable de los Tribunales
de la calle Balbín 1753, que sufre peligro de derrumbe.
El edificio de once pisos que agrupa la mayoría de
los juzgados de San Martín tiene rajaduras, sobrepeso,
sufre el crecimiento de las napas freáticas, tiene
el sistema eléctrico colapsado y carece de escalera
de emergencia y de medidas elementales de seguridad.
"A pocos días de esa jornada, la Corte sacó
una resolución por la cual ordenó a la Dirección
de Arquitectura arbitre los medios para realizar un estudio
estructural, mediante la Facultad de Arquitectura de la
Universidad Nacional de La Plata", señala Pablo
Abramovich, miembro de comisión directiva.
Otra de las medidas impulsadas, gracias al accionar de los
judiciales en la calle, consistió en darle directiva
a la Cámara Departamental para que aligerara el peso
del edificio, es decir, sacara los expedientes que se encontraban
para archivar. Además de ordenar que se lleve a cabo
un plan de evacuación.
"Lo cierto es que hasta el momento estamos igual que
antes," señala el responsable de prensa departamental.
"No tenemos novedades respecto del estudio estructural.
La superintendencia sigue haciendo gestiones con Bomberos
y Defensa Civil para comenzar los cursos de evacuación.
Y la medida de aligeramiento es virtual, ya que la cantidad
de expedientes que se archivan se vuelven a reintegrar ante
el requerimiento de los abogados", afirma Abramovich.
Los judiciales no creen en una solución cierta debido
al abarrotamiento de juzgados y expedientes que existe en
el edificio central. "La solución pasa por trasladar
dependencias a otro edificio, porque éste está
colapsado", aseguran.
Ante esta situación, los responsables departamentales
señalaron a En Marcha que "seguiremos denunciando
esta situación. Estamos realizando asambleas con
recorridas por las oficinas y radios abiertas que apuntan
a que la opinión pública conozca la lamentable
situación de la justicia bonaerense. No descartamos
otra protesta masiva de carácter provincial en la
puerta del edificio".
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Las situaciones límites en
relación al colapso edilicio no son la excepción
en esta departamental. En Marcha estuvo en Dolores y recogió
testimonios de compañeros de la Biblioteca departamental
y del Tribunal Criminal 1, casos testigos que marcan la preocupación
de los judiciales. También hablaron de los costos elevadísimos
que significan los alquileres de las propiedades donde funcionan
estas dependencias.
Cristina Cejas, empleada de la Biblioteca departamental, expresó
que “un estudio realizado por Universidad Tecnológica
de La Plata determinó que teníamos que mudarnos
de aquí. Las paredes estaban construidas con materiales
inadecuados –contenían arena y salitre- y no cumplían
con las normas IRAM”.
“Además –continuó la empleada- se demostró
el excesivo peso que soportaba el lugar, con 16 mil volúmenes,
el mobiliario y las cuatro personas que trabajamos diariamente
en la oficina”.
“Luego de denunciar la situación en reiteradas ocasiones
ante la Suprema Corte –continuó-, a fines del año
pasado nos trasladaron. La mudanza a esta nueva casa –a
una cuadra de distancia- tuvo una erogación de 21.000 pesos
y el alquiler mensual le cuesta al Poder Judicial 4.100 pesos”.
“Estos gastos son absurdos porque no solucionan el tema
de fondo. En la actualidad padecemos los lógicos problemas
de adaptación de un lugar que no estaba pensado para la
tarea específica. Además de no contar con las comodidades
básicas, como ser el suministro de gas. Parece mentira
pero es así”, finalizó Cejas.
| Ni espacio para caminar
Por su parte, Ezequiel Inchausti, del Tribunal
Criminal n 1, sentenció: “Estamos en una casa
que no está en condiciones para que funcione una
oficina pública. Un lugar sin mantenimiento donde
trabajamos cerca de diez personas. El desplazamiento se
dificulta por las 2.300 causas que se encuentran en el piso.
Y es una misión imposible ubicar una de ellas cuando
debemos despacharlas”.
Asimismo, Inchausti recordó que “nunca se inició
la construcción del edificio judicial que se adquirió,
hace diez años, para ser sede penal”. Sin embargo
–según datos obtenidos por En Marcha- el presupuesto
de este año refleja los cinco millones de pesos destinados
para esta obra. Mientras tanto, se sigue pagando el alquiler.
A todo esto, el compañero aclara que “somos
dos personas para atender a los abogados, público
en general, estar a requerimiento de los jueces, secretarios
y despachante, sumado al trabajo de mesa de entradas”l |
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San
Nicolás
Desidia
Lo que muestra el baño del edificio
del Ministerio Público de la departamental. Además,
de la falta de higiene y manteni-miento hay un único
baño que deben compartir hombres
y mujeres
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