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FJA
Parque Indoamericano,
un lugar para la memoria
La lucha
y el recuerdo
de los judiciales desaparecidos |
Se trata de un espacio público
para mantener siempre presente a los cientos de trabajadores,
de las profesiones y actividades más disímiles,
detenidos y desaparecidos durante el terrorismo de Estado. La
Federación Judicial, para recordar
a sus 23 compañeros, lanzó un concurso y erigirá
allí una obra artística el próximo 16 de
noviembre
En ese parque ubicado en la ciudad Autónoma de Buenos Aires,
se inauguró recientemente el Paseo de los Derechos Humanos.
Allí se recordará a los trabajadores detenidos-desaparecidos
de Astilleros Astarsa, a la comisión interna de Mercedes
Benz, a los desaparecidos de la Unión Europea, como también
a periodistas y escritores.
La FJA organizó un concurso, en cuyo jurado estará
Adolfo Pérez Esquivel, entre otros, para seleccionar y
erigir una escultura en homenaje a los judiciales víctimas
del terrorismo de Estado.
La inauguración del Paseo de los Derechos Humanos, en el
Parque Indoamericano, tuvo lugar el sábado 12 de mayo por
la mañana y entre la nutrida concurrencia se encontró
el escritor y periodista Osvaldo Bayer, una delegación
de Madres de Plaza de Mayo, represententes diplomáticos
de países europeos, y también miembros de la FJA-CTA
como Víctor Mendibil, Mirian Castillo, Matías Facha,
Mabel Cambet, Carlos Ochoa, Luis Benencio y Ricardo Navoni, entre
otros.
Los judiciales, al igual que otras delegaciones presentes, inauguraron
un monolito para recordar a sus desaparecidos, plantaron un árbol
y anunciaron la realización de un concurso para seleccionar
un proyecto y maqueta, para la posterior realización de
una escultura-homenaje. La misma se erigirá allí
el próximo 16 de noviembre, Día del Trabajador Judicial.
En una ceremonia cargada de emoción, donde habló
Víctor Mendibil -co-secretario de la Federación
y miembro de la Mesa Nacional de la CTA-, se leyeron los nombres
de los trabajadores judiciales detenidos-desaparecidos: María
Elena Peters, Andrés Petrica, Raúl Alonso, Alberto
Velzi, Eduardo Borra, Wenceslao Caballero, Alvaro Colombo, Enrique
De Pedro, Dr. Guillermo Díaz Lestrem, Dra. Nelly Ortiz
de Díaz Lestrem, Julia Lozano Bullrich, Alberto Maidana
Casco, Alicia Mallea, Carlos Balbino, Ignacio Ojea Quintán,
Esteban Ojea Quintán, Jorge Sanz, Laura Serra, Verónica
Vasco, Roberto Vera Barros, Luis Díaz, Aldo Busto Vergara
y Negro Morel.
"El objetivo de la dictadura -sostuvo Mendibil- fue generar
un estado de terror en la Justicia haciendo desaparecer tanto
a trabajadores como a magistrados y abogados. La estrategia del
terror fue integral y estaba destinada a imponer un modelo político
y económico fundamentado en la impunidad".
En el nuevo Paseo de los Derechos Humanos, que tiene una superficie
rectangular de siete hectáreas, se recordará además
a detenidos-depararecidos que fueron trabajadores de Astilleros
Astarsa, a la comisión interna de Mercedes Benz, a los
1900 judios desaparecidos, a ex estudiantes de la promoción
´72 del Colegio Nacional Buenos Aires, a los desaparecidos
de las facultades de Ingeniería, Arquitectura y Ciencias
Económicas de la UBA; en memoria y homenaje a los desaparecidos
de origen europeo, el recordatorio de la Sociedad de Escritoras
y Escritores de la Argentina, los periodistas de la UTPBA, y de
la Comisión por la Memoria y Justicia de Lugano, Soldati
y Villa Celinal
Emoción. Un momento especial vivieron más
de un centenar de familiares y amigos de detenidos-desaparecidos,
durante la colocación de placas, obras artísticas
y un árbol en memoria de las víctimas del terrorismo
de Estado.
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María Villalba, judicial
salteña
"Los sueldos son vergonzosos"
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Se puede inferir que ser trabajador público en la provincia
de Salta, gobernada por el ex menemista y hoy neokirchnerista
Juan Carlos Romero, es sumamente complejo. Si a eso le sumamos
el hecho de ser sindicalista y mujer, la cosa adquiere ribetes
más particulares aún. "A Romero no le interesa
resolver ningún problema -critica María Villalba,
titular de la Agremiación del Personal del Poder Judicial
y de la Procuración-, los sueldos públicos son vergonzosos".
Cabe destacar que los 1.800 judiciales de esa provincia están,
desde febrero último, en estado de alerta y asamblea permanente
exigiendo salarios dignos, que el gremio pretende sean incrementados
entre un 35 y 40%.
Según Villalba, única secretaria general entre los
gremios que integran la FJA, "la cifra que decimos no es
caprichosa, sino que está basada en los últimos
aumentos que se habían dado al resto de la administración
pública".
La dirigente entrevistada hace 22 años que se desempeña
en la justicia salteña, tiene 4 hijos y 43 años.
¿Cómo es ser mujer en un ámbito integrado
mayoritariamente por hombres?, así lo explica: "En
Salta somos las mujeres quienes hemos decidido sacar el sindicato
adelante, estaba concursado y con una deuda de 500.000 dólares,
sumado a la poca cantidad de afiliados, por lo que resultaba casi
imposible llevarlo adelante".
En cuanto a la política que se dieron para revertir la
situación, dijo que "fue con la ayuda de los afiliados,
porque se está cobrando una cuota extra. Empezamos a pagar
el concurso y calculamos que vamos a cancelarlo el año
próximo, y no como estaba previsto en principio, que era
para el 2010".
Pero ése no fue el único mérito de la gestión
Villalba, sino que además se duplicó el número
de afiliados: de los 700 que había en 2004, hoy superan
los 1.400. Desde mayo de hace tres años y hasta diciembre
último, fue titular del gremio de hecho porque una asamblea
destituyó a la secretaria general. Pero el 14 de diciembre
de 2006 la lista que encabezó se impuso por el 85 %.
La directiva aclara que "con los hombres no tenemos diferencias",
pero puntualiza: "Lo único que puedo decir es que
muchas veces las mujeres no medimos consecuencias, y vamos hacia
el final como sea. Nosotras nos jugamos el todo por el todo sin
importar las consecuencias, la cuestión es ayudar",
dice.
El sueldo de un ingresante administrativo al Poder Judicial es
de 580 pesos, a lo que se suman tickets canasta y sumas no remunerativas
que llevan el neto a unos 1.040 pesos de bolsillo. "Tenemos
alrededor del 40 por ciento del sueldo en negro", cuestiona
la dirigente.
Tras precisar que "también estamos peleando por la
ley de porcentualidad salarial y el enganche", recuerda Villalba
que esa norma fue suspendida por una ley de emergencia económica,
dictada en 1998 por Romero. "La provincia tiene superávit
desde el año 2000 -contrasta-, con lo cual la emergencia
no tiene sentido y la porcentual debería entrar en vigencia
automáticamente".
Por último, la trabajadora judicial describe que "estamos
luchando no solamente los judiciales, porque los docentes, y esto
no se ha dado a conocer en la prensa, llevaron adelante un conflicto
que duró más de un mes, que se resolvió cuando
un camarista de la provincia actuó como mediador, el Dr.
Costa. A Romero no le interesa resolver ese problema ni ningún
otro, los sueldos públicos son vergonzosos", finalizó.
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