Los trabajadores judiciales nos encaminamos a un nuevo conflicto que no generamos e incluso intentamos evitar. Prueba de ello son las numerosas reuniones paritarias que impulsamos, y que gracias a nuestra insistencia se celebraron en los últimos cuatro meses, tanto con la Corte como con el Poder Ejecutivo. Hoy el diálogo está estancado por la ausencia de medidas concretas de parte de la patronal.

Mientras en la mesa de negociación el Poder Ejecutivo dice respetar las actas firmadas con la AJB en octubre de 2005, los avances en el reestablecimiento pleno del sistema de porcentualidad salarial son exiguos. Hoy estamos al 45% promedio de la porcentualidad histórica y la ausencia de un cronograma claro y preciso para llegar al 100% es responsabilidad exclusiva de las autoridades provinciales.

Tampoco ayudan a encontrar soluciones los intentos de desviar la discusión proponiendo "enganches" alternativos, cuando la postura de la AJB es clara y quedó expuesta en las actas suscriptas hace dos años: el sueldo de referencia para calcular el 100% de la porcentualidad es el del Juez de Corte. Cualquier otra alternativa no es otra cosa que engancharnos a nosotros mismos.

La distancia que separa el salario de un trabajador judicial bonaerense del que percibe un compañero que trabaja en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en Chubut es injustificada y discriminatoria, ignorando el principio constitucional que establece que a igual tarea corresponde igual remuneración. En ambas jurisdicciones está vigente la porcentualidad, garantizándose sueldos iniciales no inferiores a $ 1600.
Es inconcebible que un juez de la Suprema Corte bonaerense cobre veinticinco mil pesos y un compañero en la mesa de entradas algo más de mil, cuando supimos tener una relación salarial de cinco a uno. Aceptamos un retorno progresivo a estos niveles (que mejoraría sensiblemente los sueldos de toda la escala, incluidos los de los jueces de primera instancia), pero de ningún modo una gradualidad que haga imposible recuperar toda la porcentualidad en un plazo razonable.

La casa no está en orden

El letargo que sufre el tratamiento legislativo del proyecto de ley de paritaria, elevado en diciembre del año pasado por el Poder Ejecutivo después de discutir con la AJB durante nueve meses, tiene como responsables a buena parte de los legisladores, que muestran escaso apego con su responsabilidad constitucional, y a la Suprema Corte, a quien indudablemente no le va en gracia la democratización del Poder Judicial.

Utilizando la garantía constitucional de la tutela judicial continua y efectiva como excusa, hay quienes desde el máximo tribunal pretenden vender cara la derrota y transformar la ley de paritaria en una herramienta que limite el derecho de huelga. Como si no les bastara tener el triste privilegio de ser el único poder del estado provincial que mantiene los descuentos por paros y asambleas como una forma de cercenar el legítimo derecho a la protesta.

Invocar el derecho de la "gente" a la Justicia es por lo menos hipócrita en un Poder Judicial donde trabajadores y comunidad padecemos juzgados y oficinas como las que denunciamos desde hace ya demasiado tiempo para que las autoridades hagan poco y nada (ver pág. 3), donde se siguen eligiendo jueces y fiscales según las necesidades del poder político y donde la falta de infraestructura y personal provocan una virtual denegación de justicia en varios fueros. O el atraso que tiene la propia Corte no es una de las causas reales de falta de justicia .

Quienes dicen preocuparse por la "gente" deberían tomar nota del reconocimiento realizado por la Legislatura porteña a Luis Cotter, camarista federal de Bahía Blanca, y Hugo Cañón, Fiscal Federal ante la Cámara de Bahía Blanca (ver pág. 15). Ambos representan un ejemplo en la lucha por construir un Poder Judicial al servicio del pueblo, todo lo contrario, precisamente, de cercenar el derecho de los trabajadores y de oponerse a la democratización de la Justicia.
Vamos

Hace falta más Justicia y más Democracia. Dentro y fuera de los tribunales. Los trabajadores judiciales, como parte de un pueblo que necesita de ambas, salimos a la calle. Sumamos movilización y organización al diálogo paritario. Generamos las condiciones necesarias para que de la mano de una justa distribución del ingreso recuperemos la porcentualidad histórica. Construimos el respeto por nuestros derechos y un Poder Judicial auténticamente democrático mediante el convenio colectivo de trabajo.

Allá vamosl