Representantes de
la AJB Mar del Plata pidieron al Presidente de la Suprema Corte
de Justicia provincial, Daniel Soria, la recuperación del
sistema de porcentualidad salarial, el respeto por el derecho
a huelga, los convenios colectivos y seguridad edilicia, en el
marco de un encuentro mantenido el último 11 de agosto
en la Feliz.
Durante la reunión, los dirigentes entregaron un documento
al titular de la Corte, donde los empleados judiciales se muestran
preocupados por el retraso salarial, reclamando la recuperación
del sistema porcentual con enganche nacional, "sistema que
consideramos el más justo", señalaron
a En Marcha.
Asimismo, exigieron la devolución de los descuentos por
los paros argumentando que el derecho a huelga está consagrado
en la Constitución Nacional. "Los descuentos –afirmó
el secretario general, Osvaldo Rozas- fueron individualizados
en los recibos de sueldo como ´ausencia injustificada´,
negándose el máximo tribunal provincial a acatar
el fallo del juez platense Alberto Rezzónico, quien ordenó
devolver los descuentos oportunamente efectuados".
Los judiciales marplatenses plantearon además su preocupación
por la permanente obligación de extensión horaria
o disponibilidades indefinidas en distintos fueros lográndose
prácticas de sobre exigencia laboral transgrediendo los
derechos de los trabajadores.
"La Asociación mostró su preocupación
por el creciente deterioro de las condiciones de trabajo, expresadas
en el incumplimiento de medidas elementales de prevención
poniendo en riesgo la salud de los trabajadores y al propio servicio
de justicia", dijo el también secretario de finanzas
provincial.
En relación a la grave problemática edilicia que
padecen los tribunales marplatenses, Rozas expresó que
"la solución inmediata es la pronta construcción
de la tan mentada Ciudad Judicial, la cual hace más de
20 años vienen posponiendo, en lugar de continuar alquilando
inmuebles que carecen de aptitud funcional para paliar la emergencia
de infraestructura".
En tal sentido, el máximo dirigente departamental apuntó:
"el gremio solicitó el dictamen previo de la delegación
local del Ministerio de Trabajo en lo que respecta al cumplimiento
de la normativa de seguridad e higiene vigente para no reproducir
en los nuevos inmuebles la misma situación de hacinamiento
que actualmente se registra en muchas dependencias".
Carrera judicial, violencia laboral y precarización
En otro tramo del cónclave, los judiciales pidieron el
respeto de la carrera judicial en las distintas dependencias,
"donde los ascensos se producen mediante mecanismos de selección
fijados unilateralmente por el empleador y no consensuados dentro
de Convenciones Colectivas de Trabajo, cuya negociación
inmediata reclamamos", informó Rozas.
A la vez, se puso énfasis en situaciones de violencia laboral
ejercidas por magistrados y/o funcionarios a empleados en distintas
oficinas y juzgados, generando el maltrato diario. "Este
cuadro se completa con la falta de garantías en la instrucción
de los sumarios, donde la figura de la ´información
sumaria´sustituye el debido proceso legal, la defensa en
juicio y la tutela sindical efectiva" explicaron fuentes
gremiales.
Por último, los miembros de la Asociación denunciaron
la precarización laboral "por el resurgir del trabajo
gratuito o de pasantías, más cercana al fraude laboral
que al estricto respeto de la norma que regula dicho instituto.
Esto deslegitima en el seno del propio Estado empleador el discurso
oficial instalado en los medios masivos de comunicación
sobre la ausencia de empleo en negro y como contrapartida avala
la vigencia de trabajo no registrado. En nuestro caso bajo la
utilización de fórmulas semánticas como meritorios
´ad honorem´, practicantes o toda otra forma de designación",
concluyó Rozas.
"Convencidos de que nuestros reclamos son justos y fundamentados
–expresó el responsable de prensa departamental,
Gabriel Viñals- los judiciales no abandonaremos nuestra
lucha en pos de la construcción de un mejor servicio de
justicia. Eficaz y moderno, que se logra con el estricto cumplimiento
de las normas vigentes, donde la Suprema Corte, el Ejecutivo Provincial
y este gremio debatan en una mesa de discusión las necesidades
de los que piden justicia y de los que pertenecemos al Poder Judicial"l
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