La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el 29 de agosto declaró personalidades destacadas en el campo de los Derechos Humanos al Fiscal Hugo Cañón y los jueces Luis Cotter, Juan Antonio González Macías, Juan Ramos Padilla, Ignacio Larraza y Jorge Bacqué.

"Este homenaje es absolutamente merecido y debió haberse realizado mucho antes. Si uno valora todo el esfuerzo que la sociedad argentina tuvo que hacer para sepultar la impunidad, recobra magnitud el fallo de estos jueces que en julio de 1987 declararon inconstitucional la Ley de Obediencia Debida. Nos hubieran ahorrado 20 años de impunidad", afirmó Antonio Cortina, asesor letrado de la AJB.

La Cámara de Bahía Blanca - integrada por el Dr. Luis Cotter- en julio de 1987 declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida, disposición legal dictada el 4 de junio de 1987 durante el gobierno de Raúl Alfonsín que terminaba definitivamente con la posibilidad de enjuiciar a cualquier militar por debajo de los que habían tenido los cargos de mayor responsabilidad durante la dictadura. Esta decisión adoptada por los camaristas bahienses fue revocada por la Corte Suprema de la Nación.

"El fallo sobre la Ley de Obediencia Debida, que se constituyó con la solicitud del Fiscal Hugo Cañón y con el voto de los doctores Cotter y Larraza, fue muy valioso y podría haber fructificado rápidamente en condenas para los represores. Pero lamentablemente el resto de la justicia argentina jugó un papel deshonroso – afirmó Cortina- Esta valiente sentencia fue hecha en circunstancias muy particulares ya que Bahía Blanca fue un epicentro muy importante de la dictadura y de la ultraderecha que hasta hoy silencia este tipo de acciones".

A fines de 1989, Hugo Cañón planteó la inconstitucionalidad de los indultos a los represores, veinte días después de que Carlos Menem los concediera. En aquella oportunidad la Cámara Federal de Bahía Blanca volvió a respaldar el accionar del fiscal, pero la Corte Suprema nuevamente les dio la espalda y convalidó los decretos de impunidadl