Al igual que dos contendientes que tiran de una soga en sentido opuesto, la lucha por el salario entre los trabajadores judiciales y el Estado provincial presenta a dos adversarios con recursos dispares, donde el contexto general y la fuerza disponible le permiten ganar terreno a uno u otro. Es una pelea de largo aliento, donde la movilización y el compromiso de cada compañero, sumado a la articulación con el resto de los estatales, puede inclinar el fiel de la balanza.

La disputa por la distribución del ingreso (y de la masa salarial hacia el interior del Poder Judicial) está abierta. El gobierno provincial pretendía, en marzo de este año, imponer un incremento del 6 %, pagadero en dos cuotas (marzo y agosto), e igual para todos. Con fuerza, decisión y coordinación con el resto de los gremios nucleados en la CTA, logramos un 21,6 %. Un 3,6 % más que el juez de Corte.

A comienzos de septiembre el Poder Ejecutivo anunció que no discutiría salarios hasta el año próximo, alegando falta de recursos. Y otra vez quebramos el cerco. Si bien el aumento del 5,7 % (que también nos permitió recuperar porcentualidad, ya que no hubo aumento para el juez de Corte), la recategorización de las dos últimas categorías, la suba de las asignaciones familiares y la generalización del cargo de jefe de despacho, no nos satisfizo, implicó un nuevo avance.

Por los techos

La mejora salarial del 28,53 % que obtuvimos en lo que va del año, sumado a la mejora de la tasa justicia respecto al 2006, no alcanza para recuperar todo el poder adquisitivo perdido desde la salida devaluacionista de la convertibilidad, pero nos permite hacer frente a una inflación anual que, según el Gobierno nacional será menor al 10 %, y estimaciones independientes ubican en un 13,8%.

La dimensión de lo conseguido depende de nuestros deseos y necesidades, pero también del contexto general. Basta repasar los diarios para recordar que el Gobierno Nacional, en concordancia con el empresariado y la CGT, plantearon una suba salarial para todo el 2007 del 16 % y que el Consejo del Salario, cuyos acuerdos nuestra Central cuestionó, estableció un salario mínimo, vital y móvil de $ 960 para octubre y $ 980 para diciembre.

Nuestro piso salarial subió, gracias a aumentos y recategorizaciones, un 44 %. El inicio de la carrera administrativa, ascensos automáticos mediante, vuelve a situarse en auxiliar 4°, cuyo básico ahora es de $ 1.228,06. En el otro extremo del escalafón, los oficiales mayores que alcancen 35 años de antigüedad ya no se jubilarán con un básico de $ 2.023,92 sino de $ 2.499,22. Tiramos de la soga y superamos los techos propuestos vía concertación e inflación.

Equilibrar la balanza

Sacar la cabeza de abajo del agua evita ahogarse, pero no estar a salvo. Los avances sirven para fortalecer la lucha, que desemboca en nuestro objetivo principal: lograr una justa distribución del ingreso en la Argentina, cuya expresión en el Poder Judicial es la recuperación plena del sistema de porcentualidad. Este año achicamos 9.3 la diferencia con el Juez de Corte, colocándonos en una porcentualidad que supera el 51 %. Avanzamos, pero falta y mucho.
Vivimos en un país que crece, desde hace cinco años, entre un 8 y 9 % anual, pero que, según un estudio del Instituto de Estudios de la CTA, tiene índices de pobreza que afectan a más de 14 millones de compatriotas y "muestra una pauta distributiva de mayor desigualdad a la vigente a finales de la Convertibilidad (2001), la que era a su vez de mayor desigualdad a la que exhibía el inicio de la serie (1993)".
Si logramos un mayor compromiso, movilización y articulación con resto de los trabajadores, podemos alcanzar nuestra anhelada justicia distributival.