Termina un año duro, difícil. Un año donde los trabajadores judiciales demostramos que unidos y con objetivos claros podemos hacer valer nuestros derechos. A pesar del sentido común que naturaliza el individualismo, el autoritarismo y la injusticia en todas sus manifestaciones, recuperamos la acción solidaria y colectiva que nos sitúa como protagonistas de la historia y no como meros observadores.
Protagonismo que hizo posible, por ejemplo, romper el techo que el gobierno fijó para las mejoras salariales. Si bien el 28,53 % de aumento que obtuvimos este año es insuficiente, logramos un incremento muy por encima al pretendido por el Estado. En este mismo sentido se ubican la recategorización de los dos últimos niveles (que mejoró nuestro piso salarial en un 44 %), la transformación en Jefe de Despacho de todos los Oficiales Mayores con 35 años de antigüedad y la equiparación con Nación de las asignaciones familiares.

También pudimos subir el piso de la porcentualidad establecido en las actas del 2005, desactivando los distintos intentos oficiales de ignorar lo convenido hace dos años. De esta manera el nuevo gobierno provincial se encuentra con una realidad insoslayable: la única política salarial viable en el Poder Judicial es la recuperación plena del sistema de porcentualidad salarial.

El pez por la boca muere

Este año también logramos hacer visibles las pésimas condiciones de trabajo con las que convivimos a diario y que la Corte tapaba bajo la alfombra. "El panorama edilicio de la justicia provincial es gravísimo e impacta directamente en la calidad del servicio del Justicia, porque, además de afectar la salubridad y la seguridad, es determinante en el retraso en que incurren los juzgados", confesó el Presidente del Tribunal, Daniel Soria, al diario La Nación el 5 de noviembre último.

La Corte tuvo que ponerse a trabajar en soluciones concretas y ya no puede seguir evadiendo su responsabilidad. A esta situación se llegó después de las protestas públicas y masivas de los judiciales en San Martín, Mar del Plata y La Plata, de las denuncias de la AJB ante el Ministerio de Trabajo y de las múltiples presentaciones realizadas por el gremio en Dolores, Mercedes, San Isidro, Pergamino, La Matanza, Necochea y Zárate-Campana, entre otras departamentales.

Por el mismo camino logramos enfrentar con éxito la multiplicación de los problemas laborales en todo el ámbito provincial, denunciar los casos de violencia laboral y hacernos fuertes en la defensa de la carrera judicial, logrando que cada compañero sepa cuáles son sus derechos antes de ser postergado en un ascenso. Todas estas cuestiones, más nuestro rechazo al régimen disciplinario que de manera unilateral dispuso la Corte, le dan contenido a nuestro otro gran objetivo: el convenio colectivo de trabajo.

Pelea de fondo

Nadie duda que los avances alcanzados este año son parciales y que hay que consolidarlos todos los días. Sólo podremos hablar de soluciones definitivas, tanto a nuestras demandas salariales y laborales como a la construcción de un nuevo modelo de Justicia, cuando logremos, junto al resto de los trabajadores y el pueblo, hacer más equitativa la distribución del ingreso y convertir a la democracia formal en democracia real.
Este objetivo tiene una vía que se nutre y a la vez trasciende la lucha sectorial: la realización de una Constituyente Social que le fije otra agenda de prioridades tanto al Estado Provincial como Nacional. Y para ello hay una herramienta fundamental: la Central de los Trabajadores de la Argentina. Porque solos no alcanza, pero juntos, podemosl